Juárez y Echaíz señalan que pedido de suspensión de 36 meses a la exfiscal de la Nación es inconstitucional
La actuación de la fiscal suprema Delia Espinoza, encargada de la investigación a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por el caso ‘Jaime Villanueva’, quien ha pedido al Poder Judicial su suspensión de 36 meses, ha sido calificada por las congresistas de Fuerza Popular, Patricia Juárez, y de Renovación Popular, Gladys Echaíz, como una acción “inconstitucional”.
Esto, porque, según las legisladoras, dicho requerimiento debió enviarlo al Congreso para que decida el levantamiento del derecho al antejuicio a Benavides, por ser una funcionaria aforada, según el artículo 99 de la Constitución, y no presentarlo directamente al Poder Judicial.
Por la mañana, las bancadas de Juárez y Echaíz, y las de Avanza y Alianza para el Progreso (APP), así como tres congresistas no agrupadas —Maricarmen Alva, Karol Paredes y Silvia Monteza— publicaron un pronunciamiento en el que rechazan la actuación de Espinoza.
“La fiscal (Delia Espinoza) ha solicitado directamente al Ministerio Público (para que lo requiera al Poder Judicial), un pedido de suspensión (de 36 meses). Más allá de quien sea, no soy abogada de Patricia Benavides, y lo preocupante de este caso es que una fiscal no puede ir directamente al Poder Judicial, respecto a un aforado, a un funcionario que está dentro del artículo 99 de la Constitución, previo al levantamiento del fuero parlamentario”, explicó Juárez.
Según Echaíz, no le sorprendería que el Poder Judicial pueda declarar procedente el pedido de Espinoza, pese a ser inconstitucional, porque en otras ocasiones ha realizado interferencia en las funciones del Legislativo.
La semana pasada, se recuerda, la Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Delia Espinoza, solicitó al Poder Judicial la suspensión temporal, por 36 meses, en el ejercicio del cargo de Patricia Benavides como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo, entre otros, por el caso ‘Jaime Villanueva’.