Castillo y Keiko Fujimori se disputan en segunda vuelta el voto de 25 millones de electores tras una de las campañas más polarizadas de la historia del país
Más de 25 millones de peruanos están llamados este domingo a las urnas para elegir en segunda vuelta al nuevo presidente del país. Después de años de inestabilidad política, con seis de sus siete últimos presidentes acusados de corrupción, Perú se enfrenta a una elección entre dos candidatos opuestos en el espectro político ideológico, pero ambos conservadores en lo social. Tras una primera vuelta sin claro favorito, el izquierdista Pedro Castillo, maestro de profesión, emergió en primer lugar con un 19% de los sufragios. Le siguió Keiko Fujimori, heredera política de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, que alcanzó un 13% de apoyo por parte de los electores.
Por un lado, la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori, intenta por tercera vez alcanzar el poder. Por otro, el maestro rural Pedro Castillo desafía el statu quo del país con el lema: “Basta ya de pobres en un país rico”. El también sindicalista, que concurre con el partido Perú Libre, nació en Cajamarca, una de las regiones andinas más pobres de Perú, hace 51 años. Se asomó al escenario político en 2017 durante una multitudinaria protesta de docentes para exigir subidas salariales, que paralizó las escuelas de casi todo el país durante 75 días. Castillo estuvo al frente de las movilizaciones y disfrutó entonces de un repunte de popularidad. Después cayó en el olvido hasta poco antes de la primera vuelta electoral.
Por su parte, Keiko Fujimori, de 46 años, es un fruto de las élites políticas de Lima, su ciudad de origen. Líder de la formación derechista Fuerza Popular, la excongresista se presenta como la “mano dura” que salvará a Perú. Sin embargo, se enfrenta a una investigación judicial sobre las aportaciones de la constructora Odebrecht a su campaña electoral de 2011. La Fiscalía de Lavado de Activos de Perú la acusó en 2018 de blanqueo de dinero, organización criminal y obstrucción a la justicia, y solicitó una condena de 30 años y 10 meses de cárcel. Fujimori pasó 18 meses en prisión preventiva, entre octubre de 2018 y mayo de 2020, por los indicios que apuntan a que pudo cometer esos delitos.
Tras una campaña extremadamente polarizada, Castillo y Fujimori llegan a las puertas de la segunda vuelta prácticamente empatados. Aunque el profesor sigue a la cabeza de las encuestas, la líder del fujimorismo ha conseguido recortar una diferencia que llegaba a los 20 puntos a mediados de abril. Con propuestas diametralmente opuestas, ambos candidatos han logrado inculcar en sus seguidores la idea de que su rival es un peligro para la democracia.
Castillo defiende, desde posiciones de izquierda radical, un Estado fuerte, el fin de los monopolios privados y acabar con “la explotación laboral”. Ya ha prometido nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea, el proyecto energético más importante del país. También quiere aumentar el presupuesto público en Sanidad y asegura que subirá el de Educación hasta el 10% del PIB, medidas consideradas imposibles por sus detractores.
Para parte del electorado, Fujimori es sinónimo de continuismo. Ha prometido “mano dura” contra la delincuencia y no ha ocultado su intención de otorgar el indulto a su padre, condenado a 25 años de cárcel por delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad, además de por otros actos delictivos cometidos durante sus mandatos (1990-2000) en los que se perpetraron graves violaciones de los derechos humanos. Sus seguidores difunden la idea de que Castillo implantará el comunismo en Perú.
La oposición entre los dos rivales también es geográfica. Mientras Fujimori gana fuerza en las grandes ciudades, Castillo domina en las zonas rurales. Además, ambos arrastran una gran cantidad de votos por el rechazo a su oponente.
Conservadurismo social. Aunque defiendan políticas radicalmente opuestas en otros ámbitos, tanto Castillo como Fujimori mantienen un perfil conservador en materia social. El profesor se ha manifestado en repetidas ocasiones contra el enfoque de género en los planes de estudio escolares así como su negativa a legislar sobre el aborto y sobre la muerte digna. Fujimori se opone al matrimonio igualitario y se proclama defensora de la familia tradicional para explicar que no le interesa promover ni reconocer los derechos de la población LGTBI. El aborto no lo acepta ni siquiera en casos de violación.