Las protestas contra la minera Anabi se inicia en el 2011 por la contaminación ambiental
La Corte Suprema dispuso que se inicie un nuevo juicio oral contra 10 dirigentes de la provincia de Chumbivilcas que participaron en las acciones de protestas contra la minera Anabi por la contaminación de los ríos Molino y Santo Tomás y la afectación vial generada por los vehículos pesados de la empresa en diciembre del 2011, situación que conlleva a que los defensores ambientales tengan que seguir afrontando un largo y agotador camino judicial en busca de su inocencia.
La Corte Suprema en su sentencia de casación del 22 de abril del 2024, decide: “casaron la mencionada sentencia de vista”, de la Sala Penal de Apelaciones de Canchis (segunda instancia), que confirmaba el fallo del Juzgado
Penal Colegiado Supra- provincial “B” del Cusco, (primera instancia), sentencias que absolvían a los dirigentes.
En la segunda parte señala la Suprema que: “(…) se declara ACTUANDO COMO SEDE DE INSTANCIA, DECLARARON NULA la sentencia de primera instancia del seis de enero de dos mil veinte y ORDENARON que se lleve a cabo un nuevo juicio oral por otro órgano judicial y, en su día, de mediar recurso de apelación, por otro Colegiado Superior”.
Luciano Ataucuri Chávez, Julián Alejo Ataucuri Mancilla, Esteban Alvis Ccahuana, Grimaldo Asto Puma, Victoria Quispesivana Coralles, Wilber García Huaycani, Samuel Acero Hurtado, Urbano Cala Cáceres, Edgardo Aguirre Pacheco y Jaime Mantilla Chancuaña fueron acusados por la fiscalía como coautores de los delitos de secuestro, violación de domicilio, robo agravado, daño agravado, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y disturbios, y solicitan hasta 30 años de cárcel para los dirigentes.
Casación
El Ministerio Público y Procuraduría Pública Especializada en Asuntos del Orden Público del Ministerio del Interior interpusieron el recurso de casación en contra de las dos sentencias absolutorias en favor de los dirigentes de Chumbivilcas, recurso que fue declarado por la Sala Suprema Penal Permanente, a cargo del juez supremo Cesar San Martín, como bien concebidos.
Parte del argumento de la Suprema para decidir en contra de los dirigentes fue que se vulneró el debido proceso, además de no haber una debida motivación de resoluciones judiciales y congruencia recursal.