El grupo de gobernadores regionales advirtió que existen ‘amenazas al orden constitucional que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país’
César Acuña (La Libertad) y otros 17 gobernadores regionales emitieron un comunicado para cuestionar el pronunciamiento que, horas antes, había publicado el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) respecto a las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte, como el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que reveló ingresos a las cuentas bancarias de la mandataria de S/1,1 millones de origen desconocido.
En su comunicado, el grupo de gobernadores regionales remarcó que el Consejo Directivo de la ANGR ‘no puede arrogarse la representatividad total de los gobiernos regionales’ al emitir pronunciamientos que ‘no han merecido el consenso de las autoridades que los representan’.
‘Ratificamos plenamente la voluntad democrática de las regiones que representamos y su incondicional apego al orden constitucional y a las instituciones legalmente constituidas’, señalaron los gobernadores regionales.
‘Conscientes de la existencia de amenazas al orden constitucional, que vienen siendo promovidas por intereses subalternos que buscan desestabilizar el país, afectando el desarrollo y el crecimiento en perjuicio de los más pobres, invocamos a todos los actores políticos, sociedad en su conjunto y a todas las fuerzas democráticas a que actúen con responsabilidad, preservando la plena vigencia del Estado de derecho y buscando asegurar el bien común’, agregaron.
Entre los firmantes se encuentran Rafael López Aliaga (Lima), César Acuña (La Libertad), Ciro Castillo-Rojo (Callao), Zósimo Cárdenas (Junín), Rosa Vásquez, entre otros.
Pronunciamiento
Este lunes, el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) indicó que las regiones no respaldarán ‘actos manchados de ilegalidad’, esto tras el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que reveló ingresos a las cuentas bancarias de la presidenta Dina Boluarte de S/1,1 millones de origen desconocido.
En esa línea, remarcó que el ‘incremento patrimonial no justificado’ de Dina Boluarte, ‘cuyo origen no está acreditado’, debe ser materia de una ‘exhaustiva investigación’ en el Poder Judicial.