Secretario general del Ministerio de Cultura, Marco Castañeda respondió labor de investigación que se realiza en sede de Cusco
El secretario general del Ministerio de Cultura, Marco Castañeda, dio conocer detalles sobre la intervención del Ministerio Público hacia la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Castañeda destacó la primera intervención realizada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cusco, la cual contó con la participación de la División de la Policía Nacional Especializada en Alta Tecnología en Cusco. Según Castañeda, esta intervención se llevó a cabo en estricto cumplimiento de la legalidad y se siguió el debido procedimiento.
Castañeda afirmó que todas las autorizaciones correspondientes fueron otorgadas para recopilar información de la Oficina donde se gestiona la información de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Además, recalcó que esta información es de carácter público y no solo de quienes operan dichas herramientas. El secretario general aseguró que se ha garantizado la transparencia y legalidad en todo el proceso, y que el fiscal a cargo ha sido claro en su proceder.
Ante las dudas sobre el acceso de los abogados de los trabajadores de Cultura durante la intervención, Castañeda enfatizó que todas las diligencias fueron suscritas voluntariamente por los trabajadores y que tuvieron contacto con sus asesores legales, ejerciendo así su derecho. Asimismo, reiteró que el representante del Ministerio Público posee todas las facultades para realizar las pesquisas e intervenciones necesarias.
En relación a la segunda intervención del Ministerio Público, en la cual se investiga el presunto uso de los bienes de la Dirección Desconcentrada de Cultura por parte de la empresa Joinnus S.A.C., contratista de la venta de boletos turísticos para Machu Picchu, Castañeda fue contundente al afirmar que se brindaron todas las facilidades requeridas. Destacó que el manejo de recursos es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Cultura y que el uso de terceros especializados es una práctica legal cuando existe una necesidad urgente por cubrir. El secretario general dejó en claro que no se trata de un caso de privatización y que el Ministerio de Cultura sigue ejerciendo su rol de administración, asegurando a la ciudadanía que continúa a cargo de la venta de boletos.
Marco Castañeda, enfatizó que no existen terceros utilizando los equipos del Estado y que la adenda establece claramente que la empresa contratista brinda una plataforma de alquiler, mientras que el Ministerio de Cultura sigue utilizando sus propios equipos y personal.