Decisión del tribunal OSCE determinó que empresa española participe de nuevos contratos suscritos con entidades del Estado peruano.
Les cortaron el cable. Telefónica del Perú no podrá suscribir nuevos contratos con el Estado por un lapso de 36 meses luego de ser inhabilitado por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
De acuerdo a la resolución N° 3330 – 2023 – TCE del 17 de agosto de 2023, la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a la empresa Telefónica del Perú con suspensión temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el estado por un periodo de 36 meses por los siguientes motivos:
Haber presentado documentación falsa e información inexacta ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el marco de la adjudicación simplificada N° 16-2020 MTPE- 2- Segunda convocatoria para la “contratación del servicio telefónico de cobro revertido automático 0800 para el MTPE”.
La controversia surgió con la contratación de un trabajador que presentó información inexacta sobre sus grados académicos. El empleado había sido asignado a un contrato específico requerido por el Ministerio de Trabajo, pero fue removido por la compañía antes de iniciar el proyecto una vez constatada la falta en la que incurrió e incluso fue denunciado ante la justicia.
Según explicó la empresa en un comunicado la firma “cumplió con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad y (…) no se produjo ningún perjuicio para el Estado peruano”. Es decir, el servicio de Movistar al Ministerio de Trabajo se cumplió al 100% y el ministerio dio su conformidad en su oportunidad.
En este sentido, para Telefónica “la resolución expedida por el Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE (…) resulta totalmente desproporcionada en relación con los hechos ocurridos”.
El monto pactado con esta institución fue de 100 mil soles (poco más de US$ 27 mil), detalló Telefónica en el texto.
Ante la inhabilitación, la firma española dijo -a través de un hecho de importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV)- que “esta medida no cuenta con los fundamentos adecuados que la sustenten por lo que se están evaluando las acciones legales a plantear con la finalidad de cuestionar la decisión”.
Y aclaró que “los contratos suscritos con las entidades públicas del Estado peruano que a la fecha se encuentran vigentes no se verán afectados y Telefónica del Perú S.A.A. continuará prestando los servicios contratados conforme a los términos pactados”. “Dicha sanción solo impide que Telefónica del Perú pueda participar en nuevos proyectos con el Estado”.
Finalmente, Telefónica tomará las acciones necesarias ante el Poder Judicial para revertir lo que ellos consideran una sanción desproporcionada.