José Luis Gil cuestionó que el Perú siga en la CIDH tras conocerse la demanda que un grupo de personas interpuso al Estado a favor de Victor Polay Campos por supuesta violación a sus derechos
La Comisión Interamericana de Dere- chos Humanos (CIDH) admitió un proce- so supranacional interpuesto por un gru- po de personas a favor del terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Víctor Polar Campos. Según la demanda, este personaje fue condena- do por el delito de terrorismo violando su derecho al principio de legalidad y a las garantías judiciales; además que las con- diciones carcelarias que se le impusieron afectaron su integridad personal.
José Luis Gil, exjefe de la Dirección Ge- neral de Inteligencia (Digimin), cuestionó este proceso a favor de Polay Campos y advirtió que los sentenciados por terrorismo solo buscan una indemnización y afectar a las fuerzas de seguridad.
«Esta es una plantilla de los terroristas que han sido sentenciados, de de- nunciar a sus captores, el Estado peruano por dos razones: uno porque debi- lita a las fuerzas de seguridad y por otro lado se logran compensaciones eco- nómicas. Ya vimos el caso de Mónica Feria Tinta y otras como Lori Berenson que finalmente hicieron que el Estado les pague una indemnización», comentó en el programa ‘Todo Se Sabe’ de RPP Noticias.
Gil dijo, además, que mantiene su postura en contra que el Estado siga en la CIDH porque asegura que el país «no lo necesita».
«Esa es la diferencia con El Salvador, el presidente Nayib Bukele no está en la CIDH y toma las decisiones que el país necesita. Esta debe entenderse como una lucha permanente de las corrientes ideológicas que hoy pretenden tomar el control de muchas partes del mundo. Los socialcomunistas preten- den que estos casos se vean todo el tiempo», añadió.
¿Quiénes presentaron la demanda?
Quienes presentan esta demanda para Victor Polay Campos son el exmi- nistro Javier Valle Riestra, los abogados César Oyola y Javier Mujica Petit; así como sus familiares Otilia Campos y Otilia Clemencia Polay.
«El propósito no es determinar la inocencia o culpabilidad del señor Polay Campos, sino definir si las autoridades judiciales han afectado o no obliga- ciones estipuladas en la Convención, en particular el deber de motivación, el principio de presunción de inocencia, principio de legalidad y el derecho a la protección judicial», se lee en parte del documento.