Peligro evidente. Daniel Yovera, quien es víctima de persecución por reportaje sobre el Sodalicio, señala que se pretende criminalizar de forma exagerada las acusaciones contra periodistas de los diferentes medios de comunicación
Estamos en un momento crucial para la prensa independiente debido a que se pretende criminalizar de forma exagerada las acusaciones contra los periodistas de diferentes medios de comunicación.
Así lo manifestó Daniel Yovera, periodista de investigación, quien viene siendo víctima de una persecución después de difundir un documental sobre los abusos en el Sodalicio.
Yovera informó que la Décima Sala Liquidadora de la Corte Superior revocó la resolución en primera instancia del año 2022, que dispuso la prescripción de la querella por supuesta difamación que interpuso Alberto Gómez de la Torre Pretell por la investigación periodística “The Sodalitium Scandal”, realizada en el 2016.
Además, él ordenó que el juez penal se pronuncie con celeridad sobre el fondo de la denuncia.
“Hay una evidente celeridad para conseguir un pronunciamiento de fondo en mi contra. Tengo derecho a dudar de las decisiones judiciales recientes y pienso que hay un riesgo clarísimo contra la libertad de expresión. Ahora nos toca ir al Segundo Juzgado Penal Liquidador de Lima para pedir un nuevo informe oral y demostrar mi inocencia”, indicó Yovera.
El hombre de prensa advirtió que se vienen preparando normas para controlar el ejercicio del periodismo de investigación.
“Estamos frente a una escalada violentista que busca acabar con la libertad de expresión. Quieren controlar lo que se difunde en los medios”.
La audiencia
El periodista Yovera afirmó que la querella interpuesta en su contra es una persecución judicial y atentatoria contra la libertad de expresión.
Se esperaba que la última audiencia fuera pública, pero —a pedido del abogado de Gómez de la Torre, Fred Borbor— la sala decidió que sea en reserva.
“Pedimos que sea pública porque es un tema de interés público, no privado, como señaló el abogado del querellante, pues no es un asunto personal suyo, sino que involucra a una serie de personas. Se trata, además, de un caso de persecución y hostigamiento judicial, contrario a la libertad de expresión”, mencionó Yovera.
Dijo que la investigación se efectuó “con mucho cuidado” para evitar que, por trámites burocráticos, envíen al archivo algunas denuncias.
“Ni el señor Alberto Gómez de la Torre ni monseñor José Antonio Eguren ni los abogados del Sodalicio optaron por conceder entrevistas, pero sí remitieron información por escrito”, declaró.
“Seguiré investigando”
“De lo revisado, ¿queda pendiente saber si el Sodalicio quiere seguir con esto por más tiempo? Mi respuesta es que siga por más tiempo… Y yo seguiré investigando para luego publicar”, agregó.
El periodista Daniel Yovera advirtió que se viene una ola de medidas que buscan controlar e impedir un trabajo serio de investigación. Añadió que las medidas para restringir el derecho a investigar al final harán daño a nuestra democracia en el país, “pues lo peor que pueda pasarle a la nación es que borren su memoria”.
Sobre la denuncia en su contra, el investigador periodístico consideró que se trata de una “querella absurda” y dijo que nunca debió ser admitida porque no muestra ninguna frase difamatoria.
“Es el ejemplo más evidente de persecución judicial”
Para el experto de IDL Carlos Rivera, el caso de Daniel Yovera es el ejemplo más evidente de una persecución judicial contra el periodismo independiente. Lamentó que en el Congreso se vengan discutiendo normas como la llamada Ley de la mordaza, que aumenta las penas para el delito de difamación.
A los grupos de poder no les gusta el periodismo rebelde, que no se calle y menos les parece la sinceridad ante un sistema de gobernantes y congresistas ligados a la corrupción que están acostumbrados a enriquecerse con dinero del exterior, refiere.
Según el abogado Rivera, se acredita que grupos de poder utilizan el sistema de justicia como un garrote y los congresistas son sus mejores aliados para someter a los periodistas a procesos penales interminables, simplemente porque cumplieron con un deber fundamental para la sociedad: ayudar a conocer la verdad y dar cuenta de la impunidad con la que actúan esos diferentes grupos de poder.