El proyecto legislativo en mención busca que se respete la elección llevada a cabo por los ciudadanos en relación con los congresistas de la República y las autoridades locales y regionales
Mediante propuesta legislativa se buscará la reforma constitucional sobre los impedimentos para el ejercicio del cargo de ministro de Estado con la finalidad de fortalecer el mandato constitucional y cumplan las funciones para la cual fueron elegidos.
El congresista Alejandro Soto Reyes ha presentado el Proyecto de Ley 2927, Ley de reforma constitucional que impide ejercer el cargo de ministro de Estado a los congresistas, gobernadores regionales y alcaldes. Esta norma garantiza la separación de poderes y el respeto a la elección realizada por los ciudadanos para evitar el abandono de sus regiones y localidades.
El proyecto legislativo en mención busca que se respete la elección llevada a cabo por los ciudadanos en relación con los congresistas de la República y las autoridades locales y regionales. Así como también fortalecer el mandato establecido en la Constitución en relación con que el poder emana del Pueblo y sus atribuciones, que exige dedicación exclusiva en el ejercicio de sus cargos y finalmente contribuir al equilibrio de poderes y de la mejor gobernanza de la administración pública.
Es preciso remarcar que el cargo de ministro de Estado no garantiza por lo menos que la función fiscalizadora se mantenga, sino que además perturba también la función de control político, tal como sería el caso de las mociones de censura o las de interpelación, puesto que un congresista que ejerza el cargo de ministro no las promoverá por un tema de consigna política desestimando los intereses del Estado, que en buena cuenta deberían regir su gestión.
En el caso de los alcaldes y gobernadores regionales se pierde la esencia misma del mandato otorgado en las elecciones. A tal efecto, cada autoridad es elegido por un periodo determinado bajo un plan de gobierno, pero este se interrumpe o quiebra cuando se designa un cargo ministerial en el poder ejecutivo, lo que perjudica a la población.