El Poder Judicial ordenó que el Congreso de la República «proceda a suspender provisionalmente» la modificación de la Ley Universitaria «bajo responsabilidad»
Pese a que el Poder Judicial (PJ) había emitido una sentencia que declaraba nula la denominada contrarreforma universitaria, el Congreso decidió incumplirla y promulgó este jueves 21 de julio la ley n.° 31529 en el diario oficial El Peruano. Esta pretende incorporar en la Sunedu a representantes de universidades elegidos por los rectores y elimina el licenciamiento de facultades y carreras.
La norma lleva las firmas de la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones (APP), y el segundo vicepresidente, Enrique Wong (Podemos Perú). Su publicación ha sido calificada como un acto de “rebeldía” y “desacato” por parte de abogados constitucionalistas, y ha generado el rechazo de gremios estudiantiles.
Según su contenido, una de las primeras medidas —con un plazo máximo de 30 días— sería la incorporación de los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Sunedu. Esto incluye a los elegidos por los rectores.
No obstante, el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña precisa que la Sunedu no debe someterse a dicha ley, dado que su demanda de amparo ordena lo contrario y su cumplimiento es inmediato. “Estamos ante una situación que nunca se había dado, en la que, a pesar de un pronunciamiento del juez, el Congreso entra en rebeldía total y publica una norma que ha sido declarada inconstitucional. Las sentencias pueden gustar o no, pero se deben cumplir. No hay posibilidad de desconocerlas”.
En ese sentido, agrega, si el Congreso no estaba de acuerdo con el PJ, lo que podía hacer su procurador era apelar de inmediato el fallo. Este último señala que las iniciativas del Poder Legislativo contravienen las decisiones del TC, por lo que resultan una amenaza a la cosa juzgada y al derecho a la educación universitaria de calidad.
El abogado constitucionalista Luciano López, que participó en el proceso como litisconsorte, señala que era previsible el accionar del Parlamento. Por ello, el último martes, cuando se conoció el fallo, solicitaron a la jueza que complete su sentido y disponga que, si se promulga la ley, esta no sea aplicable a la Sunedu. “Esperamos el pronunciamiento de la jueza. Soy bastante optimista, porque es un derecho que concede la ley, es altamente probable que se dé”.
Esta espera la comparte la Sunedu, que aún no se pronuncia. No obstante, se conoció que le preocupa una eventual afectación al licenciamiento de carreras. Su procurador Mac Donald Rodríguez dijo que si el Congreso promulgaba la norma, la jueza podía denunciar a los legisladores involucrados por desobediencia a la autoridad.
Siguientes acciones
La legisladora Flor Pablo, del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria, señaló que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante el TC. “Ninguna autoridad puede incumplir una decisión judicial”.
No obstante, para Espinosa-Saldaña esto no sería necesario, ya que ha sido resuelto a nivel judicial. Más bien, dice, lo que debe hacer la jueza, en compañía de la presidenta del PJ, es implementar mecanismos para hacer cumplir la sentencia. “Debe ponerse de acuerdo con Sunedu y comunicar a las universidades más antiguas (UNMSM y PUCP) para que no convoquen a elecciones. Si no se hace respetar, habría un mal precedente y cada vez que haya una sentencia judicial, el Congreso lo volverá a hacer”, dijo.
Por su parte, el abogado Renzo Cavani, quien también participó en el proceso, señala otros caminos: que se otorgue la medida cautelar pedida por la Sunedu para suspender la nueva norma, solicitar una nueva o iniciar la acción ante el TC.
En tanto, gremios estudiantiles, entre ellos los de la PUCP, Callao, UNI, denunciaron el “autoritarismo parlamentario” y ratificaron que el sábado 6 de agosto se realizará una marcha nacional en defensa de la educación. “Lo hecho por el Congreso demuestra los claros intereses por controlar al fiscalizador de la calidad universitaria”, dijeron.