La Defensoría del Pueblo calificó de una «transgresión» al deber constitucional por parte de Pedro Castillo no proteger la seguridad de la población ante los casos de delincuencia
La Defensoría del Pueblo se pronunció tras el cambio de ministro en la cartera del Interior y exigió al presidente Pedro Castillo explique el cambio de Mariano González.
A través de un comunicado, la Defensoría recordó que ya ha señalado anteriormente «lo inconveniente que resultan los constantes cambios en la titularidad del Mininter dado que impiden el desarrollo de acciones efectivas contra la inseguridad ciudadana».
En esa línea, consideró que siete personas hayan asumido el cargo de ministro del Interior en un años «ha dañado severamente la institucionalidad del sector».
«Debe tenerse presente que cada cambio de ministros ha implicado también la salida constante de funcionarias y funcionarios importantes en el planeamiento y ejecución de acciones contra la criminalidad», añadió.
Asimismo, calificó esto de una «transgresión» al deber constitucional por parte de Pedro Castillo al no proteger la seguridad de la población ante los casos de delincuencia.
Castillo no combate la corrupción
La Defensoría del Pueblo apuntó a poco de cumplirse un año de mandato presidencial, Pedro Castillo no ha cumplido con su obligación encarnar y liderar el combate contra la corrupción.
«Por el contrario, ha designado una serie de funcionarios no idóneos para el cargo, muchos de ellos investigados y procesados por graves delitos y faltas».
Asimismo, apuntó que mantuvo a «un funcionario seriamente cuestionado por su relación con la adjudicación irregular de obras», como el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, actualmente prófugo de la justicia.
Siguiendo lo expuesto, la Defensoría denunció que «la voluntad presidencial de lucha contra la corrupción ha sido nuevamente puesta en duda», por lo que Pedro Castillo «está obligado moral y legalmente a explicar al país las razones de la salida del ministro del Interior».
Así como «su relación con el apoyo que venía dando al equipo especial dirigido por la fiscal Marita Barreto, en atención al principio de prohibición de ejercer el poder de forma arbitraria e injusta, derivado de los artículos 3 y 43 de la Constitución Política, vinculados al Estado Social y Democrático de Derecho».