El congresista José Cueto calificó de delincuentes a los ronderos campesinos involucrados en el supuesto secuestro de un grupo de mujeres, mientras que la parlamentaria Susel Paredes dijo que lo ocurrido con las personas secuestradas merece una sanción penal
El congresista José Cueto, de la bancada de Renovación Popular, calificó de delincuentes a los ronderos campesinos involucrados en el supuesto secuestro de un grupo de mujeres, a quienes acusaron de un asesinato y otros actos delictivos, durante más de diez días en el distrito de Chillia, en la provincia de Pataz, en el departamento de La Libertad.
«Yo no llamaría a estas personas parte de las rondas campesinas, esos son delincuentes. No se puede tratar así a una mujer. Es inconcebible. Encima que algunas autoridades que dicen que son pro mujer, y que salen a defender a las mujeres, no han dicho absolutamente nada hasta ahora, no sé si por temor al Gobierno o temor a qué», indicó.
«Lo que hemos visto en los medios realmente es inconcebible. No se debería permitir; es más, esa gente, esas personas -si se les puede llamar personas- que están en la época de la piedra, deberían ya estar siendo no solamente capturadas, sino juzgadas», agregó.
Por su parte, la parlamentaria Susel Paredes, del Partido Morado, cuestionó las agresiones que sufrieron las personas que estuvieron retenidas por parte de las rondas campesinas y dijo que lo ocurrido en el distrito de Chillia merece una sanción penal.
«Colgar a una mujer del pie va contra todos los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad física. Entonces, en mi opinión, eso merece una sanción penal», señaló.
Desde el Poder Ejecutivo, la vicepresidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el accionar de las rondas campesinas tras la agresión a ocho personas en La Libertad. Al respecto, reconoció que recortar la libertad de tránsito de las personas va en contra de los derechos humanos y que se tendría que evaluar las competencias de las rondas.
«El tema de los ronderos habría que revisar sus competencias, pero tenemos también a nuestros hermanos de las comunidades nativas. Cuando uno ingresa a la selva tiene que pedir autorización al apu de la comunidad para poder ingresar. Hay usos y costumbres y dentro del Derecho decimos que lo que son usos y costumbres se hace ley», indicó.
Por su parte, el ministro del Interior, Mariano González, se sumó a las críticas al accionar de los ronderos acusados de haber agredido y secuestrado a mujeres y adelantó que el caso ya es investigado por la Policía y el Ministerio Público.
«Si en el caso anterior, se trataron de periodistas y he manifestado mi posición en contra. Con mucha razón, digo que es imperdonable lo que ha pasado con estas mujeres, siento impotencia de no estar en el lugar para hacer algo por ellas», señaló ante el Congreso.
«Posiblemente» se cometieron agresiones
Esta mañana, el presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del distrito de Chillia, en la provincia de Pataz, La Libertad, Manuel Quijano, negó que hayan secuestrado a un grupo de mujeres acusadas de asesinato y aclaró que se trató de una «intervención» por el rechazo que generó en la población el caso de supuesta hechicería cometido por las mujeres que mantuvieron detenidas.
«Aclarar que las señoras no han sido secuestradas, han sido intervenidas por un grupo de rondas que habían recibido una denuncia de los señores que eran víctimas con actos de hechicería (producto de ello ha muerto una señora). La población indignada por esa situación decidió tomarlas a las señoras y pasarlas a su cadena ronderil, previa aprobación», indicó.
En entrevista con RPP Noticias, el dirigente ronderil negó que haya ocurrido agresiones contra las personas retenidas, pese al testimonio de la hija de una de las mujeres agraviadas y al comunicado de la Defensoría del Pueblo. Al ser consultado -nuevamente- por las agresiones reportadas, el dirigente reconoció que «posiblemente» esto pudo haber ocurrido.
«Cuando me he enterado de los hechos, he acudido con el subprefecto para que se esclarezca esta situación y, efectivamente, las señoras han manifestado ser culpables de la muerte de la señora Sonia Inga y de la enfermedad de la persona que ha perdido el habla. La población se ha indignado por esa situación y los ha sentenciado a cadena ronderil», apuntó.