El juez penal Litman Ramírez Delgado adoptó está medida al declarar de oficio que este proceso penal es de naturaleza «especial y compleja». El expresidente y exministros de Salud son investigados por el presunto delito de lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos
El Poder Judicial amplio por 8 meses el proceso penal que se inició al expresidente Alberto Fujimori y a los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Mota y Marino Costa Bauer por el caso ‘esterilizaciones forzadas’.
El juez penal Litman Ramírez Delgado adopto está medida al declarar de oficio que este proceso penal es de naturaleza «especial y compleja».
El magistrado consideró en su resolución, a la que tuvo acceso RPP Noticias, que en el presente caso concurren las causas legales para considerar la complejidad de ese proceso penal, tales como el importante número de procesados, la cantidad de medios o pruebas por actuar o recabar, las gestiones de carácter procesal a programar y las pericias a realizarse sobre 735 agraviadas con la participación de intérpretes en idioma quechua.
El juez Ramírez Delgado añadió también el trámite para solicitar a la justicia de Chile la ampliación de la extradición del expresidente para que pueda afrontar en nuestro país este proceso penal que se le inició junto a dicho grupo de exministros.
Actualmente, los efectos de este proceso penal están suspendidos solo en el caso de Alberto Fujimori hasta que la justicia de Chile se pronuncie sobre el pedido de extradición que presentará el Ministerio Público.
Proceso penal
En diciembre pasado, el juez Rafael Martínez resolvió iniciar un proceso penal al expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas de mujeres entre los años 1995 y 2000. No obstante, precisó que se suspenden los efectos de este proceso en el caso del exmandatario hasta que la Justicia de Chile determine si se amplía su extradición.
El magistrado también comprendió dentro de este proceso penal a Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Young Motta, así como también a Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo y Magda Isabel Gonzales Carrillo.
El juez Martínez dispuso que todas estas personas sean procesadas bajo mandato de comparecencia simple como presuntos autores mediatos por dominio en un aparato organizado de poder por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos.