Con medida cautelar buscan que Juzgado ordene cumplir a cabalidad sentencia que ordenaba demoler infraestructura edificada en corazón de Cusco
La presidenta de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y Defensa Social, Tika Luizar Obregón, señaló que insistirán en que se cumpla con la demolición del hotel Sheraton en la calle Shapy. Ello se estableció en una sentencia judicial del año 2019. La infraestructura se levantó en pleno centro histórico de la ciudad, incumpliendo los parámetros establecidos por el municipio, respecto a la cantidad de pisos, además de que se dañó muros incas.
La sentencia de la Sala Civil de Cusco, ordenaba la demolición de la infraestructura que afectaba el patrimonio e iba contra las normas. Para la Comisión de Juristas, el fallo debe interpretarse como una demolición total del inmueble. Sin embargo, la jueza de primera instancia Marianela Cárdenas ordenó que solo se traiga abajo el 10% de la obra. El 90% restante debe respetarse. Su postura la fundamentó en un informe que elaboró la Dirección Desconcentrada de Cultura.
Tika Luizar explicó que ellos no comparten esta decisión, por ello interpusieron una medida cautelar en el Quinto Juzgado Civil de Cusco. Ellos piden que no se tome en cuenta el informe de Cultura y se derrumbe la totalidad de la obra y se reponga los muros incas. Esta postura la sustentarán en la audiencia que se tenga. Buscarán que a la cita acudan representantes de UNESCO.
La representante explicó que para la audiencia han solicitado hace más de un mes el informe técnico de Cultura Cusco, el cual concluye que debe demolerse solo el 10% de la infraestructura, pero hasta el día de hoy no se lo facilitan.
De otro lado, informó que ya interpusieron una demanda de agravio constitucional ante la Sala Civil de Cusco y esta fue admitida, por lo que tiene que ser remitida al Tribunal Constitucional. En este proceso también piden que se cumpla con la sentencia inicial que dice que debe restituirse los andenes incas. Advierte que si no son escuchados acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, Tika Luizar dijo que la sentencia del 2019 no fue interpretada correctamente.