De acuerdo con lo decidido por la Fiscalía, tras la resolución del magistrado Thomas Hixson del martes y, de acuerdo con el estatuto de extradición, Alejandro Toledo ya no puede acogerse al arresto domiciliario, por lo que solicita su ingreso en prisión.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó este viernes a la Corte del Distrito Norte de California que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001- 2006) vuelva a prisión tras el fallo judicial del martes, que avaló su ex- tradición a Perú para ser juzgado por corrupción.
El exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de COVID-19.
Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso Efe, tras la resolución del magistrado Thomas Hixson del martes y, de acuerdo con el estatuto de extradición, Alejandro Toledo ya no puede acogerse al arresto domiciliario, por lo que solicita su ingreso en prisión.
«Es más, incluso si el arresto domiciliario fuera una posibilidad, Toledo representa un riesgo de fuga significativo, y no hay circunstancia especial alguna que justifique su puesta en libertad», argumentaron desde la Fiscalía.
Extradición
Después del fallo de Hixson -un proceso judicial que se alargó por más de dos años – corresponde ahora al Departamento de Estado tomar una decisión final sobre la extradición a Perú, pero por el momento el Gobierno estadounidense no se ha pronunciado al respecto.
Aunque la decisión del juez no es apelable, Toledo ya adelantó en una entrevista con Efe el mismo martes después de conocerse la resolución que pedirá un «habeas corpus» alegando que a lo largo del proceso no se preservó su derecho a la defensa.
En caso de ser aceptado por la Justicia, el «habeas corpus» podría suspender temporalmente el proceso de extradición, aunque no es algo automático, sino que la Corte tendría que ordenarlo explícitamente.
Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario de 75 años habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.