En comunicado se explicó que en dichas citas se abordarán las demandas del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas. Esto, después de que se reanudó las protestas contra la mina Las Bambas.
La Presidencia del Consejo de Ministros anunció la instalación de dos mesas de diálogo, una para el 21 de agosto en el distrito de Ccapacmarca, y la otra el 28 de agosto en Santo Tomás, capital de la provincia de Chumbivilcas (Cusco). En estas se buscará consensos respecto a los reclamos de la ciudadanía en torno al Corredor Minero del Sur.
En un comunicado, la PCM explicó que en ellas ‘se abordarán las demandas planteadas por el Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas (FUDICH)’.
Se indica también que la Presidencia del Consejo de Ministros respalda y tiene voluntad política para alcanzar consensos e implementar los acuerdos a los que se llegue durante el diálogo.
‘La PCM continuará promoviendo el diálogo y el trabajo conjunto con todos los sectores del país, escuchando las demandas más urgentes e impulsando soluciones en beneficio de toda la ciudadanía’, se lee en el documento.
Tras lo expuesto y en medio de estas discrepancias, los comuneros de Chumbivilcas emitieron un comunicado rechazando las expresiones vertidas por el primer ministro Guido Bellido, quien declaró a la prensa local que unos abogados vienen azuzando a la población para que retomen las protestas.
‘Rechazamos totalmente las aseveraciones desacertadas del premier Bellido, no hacerlo significaría que aceptamos que no tenemos capacidad para discernir sobre al atropello sobre nuestros derechos, en todo caso el único azuzador es el Estado y la empresa minera’, cita textualmente el pronunciamiento.
Entre todos los reclamos, el mayor malestar de las comunidades es el constante tránsito de camiones de gran tonelaje que atraviesan sus lugares para transportar el cobre, lo que genera polvareda cerca de las zonas habitadas.
Por ello, exigen el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, así como el pago de los derechos de servidumbre minera.